La responsabilidad de garantizar tratamiento a la patología mental

alcoholismo30/7/18

El Tratamiento Ambulatorio Involuntario (TAI) en pacientes de salud mental es una medida coercitiva ordenada judicialmente en personas diagnosticadas de un trastorno mental grave y que tiene el objetivo de asegurar el cumplimiento terapéutico y mejorar la adherencia al mismo. Por supuesto, una medida que implica tal grado de intromisión en los derechos fundamentales de las personas como es la libertad individual de los pacientes, posee tanto fervientes defensores como devotos detractores.

La experiencia acumulada por el equipo de profesionales de la Unidad Hospitalaria de Salud Mental de Ivane Salud del Hospital Vithas Nisa Valencia al Mar permite concluir que cuando se facilita la correcta cumplimentación de tratamiento en personas con enfermedad mental, ya sea farmacológico, psicológico o de cualquier otra índole, así como con una adecuada supervisión y modificación cuando se precise, permite una atenuación del impacto sintomático consiguiendo con ello que el paciente sea capaz de desarrollarse en todas las esferas de la vida (familiar, laboral, social, etc) y con las mismas garantías de éxito que aquellos quienes le rodean.

Sin embargo, en múltiples ocasiones nos encontramos que en la sociedad se pone en tela de juicio la capacidad de autogobierno de las personas afectadas de un trastorno psiquiátrico, y se producen un conflicto de intereses que incluso alcanza la necesidad de intervención judicial.

Un estudio realizado en el Instituto de Medicina Legal de Valencia, que analizó las características de las personas valoradas en la Sección de Psiquiatría Forense del Servicio de Clínica Médico-Legal en el ámbito no penal (es decir, pacientes valorados no siendo víctimas ni presuntos autores de delitos) desveló que, en el período de 10 años analizado, la principal problemática judicializada fue la valoración de la capacidad civil, entendida como la capacidad de autogobierno y administrativa del paciente. El estudió prestaba atención especial a pacientes con esquizofrenia sintomática, sin olvidar los trastorno por deterioro cognitivo de distinto origen e intensidad, y seguidos de trastornos del estado del ánimo graves como la depresión mayor.

Huelga decir que, en un servicio público especializado como en el que se realizó el citado estudio, se atienden aquellos casos que generan dudas al juzgador, es decir, aquellos pacientes que en mayor o menor medida presentan síntomas que son visibles externamente y que pueden interferir en su capacidad de decisión.

No deja de ser llamativo que de las tres causas principales citadas, en dos de ellas se puede intervenir con una nada desdeñable respuesta al tratamiento que probablemente podría haber evitado la vía judicial como solución. Debemos considerar pues la judicialización como una alternativa en ocasiones necesaria, pero que entrelineas deja ver la existencia de una falta de operatividad terapéutica y mantenida en el tiempo cuyas consecuencias derivan en una evolución tórpida de la persona con enfermedad mental grave. En vez de sentarnos a esperar que otro nos solucione el problema, debemos analizar las causas que han llevado al mismo y las medidas fundamentalmente sanitarias y asistenciales que podemos tomar, para prevenirlo.

Dra. Giovanna Legazpe.

secciones: salud mental